Por: Michelle Leboreiro
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“El envejecimiento de la población y el incremento de la esperanza de
vida ha sido un éxito de las políticas de salud pública y del desarrollo
socioeconómico que ha tenido México; sin embargo, esto implica un gran desafío
para los sistemas de pensiones, jubilación y de salud, los cuales deben buscar
garantizar la calidad de vida para los adultos mayores, lo que incluye también
su autonomía y autosuficiencia financiera”
- Carlos Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).
- Carlos Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).
¿Cabemos todos en
el mundo? ¿Hay suficientes recursos? ¿Tantos millones de personas en la tierra,
contaminamos demasiado? ¿Estamos creciendo indiscriminadamente? Quizá la
respuesta más común sea que el mundo está sobrepoblado.
Sin embargo, el siglo XXI será recordado como el siglo del tsunami gris o el siglo del envejecimiento poblacional, ya que la población a nivel mundial experimentará un proceso inédito de envejecimiento como resultado del exitoso desarrollo socioeconómico y tecnológico a nivel mundial que ha aumentado la esperanza de vida en las personas y que sumado a otro fenómeno mundial, la disminución en la Tasa Global de Fecundidad (TGF), supone una transición demográfica en donde las nuevas generaciones serán menos numerosas con respecto a las generaciones previas, al disminuir el número de hijos por pareja por situaciones laborales, educativas, culturales y económicas.
Pero, ¿cuál es el impacto negativo que estos dos fenómenos ya están generando? Una consecuencia común: grandes retos para las políticas públicas, debido a la existencia de una menor proporción de gente en edad de trabajar en comparación con el número de jubilados. La financiación de las jubilaciones, que cada vez serán más, y el gasto sanitario se convierten en un reto cada día mayor por tratarse de gastos financiados, en la mayoría de los países, por impuestos sobre el seguro social a las personas económicamente activas, que cada vez serán menos. Es decir, una crisis del sistema pensionario.
El sistema de pensiones mexicano tuvo un parteaguas con una reforma en 1997. Anteriormente, el sistema pensionario estaba bajo la ley de 1973 basado en un sistema de reparto del Estado benefactor (ya que este recopilaba, administraba y gestionaba las pensiones de los trabajadores recopiladas en un fondo común y entregando un beneficio definido). Se basaba en un “acuerdo intergeneracional” mediante el cual las pensiones de los jubilados se pagaban con las contribuciones de los trabajadores activos. Es decir, implicaba una transferencia de recursos entre generaciones donde el financiamiento de las pensiones dependía de la proporción que existía entre personas jubiladas y activas.
Este sistema propio de la posguerra, puso al borde de la crisis financiera al Seguro Social no sólo a México, sino al mundo, pues cada vez tendríamos más personas en la vejez y menos en edad productiva, por lo tanto habría más egresos (pensiones) que ingresos (aportaciones).
Es por esto que en el caso particular de México se creó un sistema más acorde a la realidad: entró en vigor la reforma de 1997 dando paso a la llamada generación AFORE (Administradora de Fondos para el Retiro), en donde el individuo ya se hacía responsable de su ahorro para el retiro a través de cuentas individualizadas (con contribuciones definidas) gestionadas por una institución (AFOREs).
Ahora bien, a pesar de la reforma la problemática ya está desencadenada: el sistema de 1973 sigue vigente, ya que cuando entró en vigor la nueva ley aún no se habían pensionado todos los trabajadores de este régimen; por lo tanto, estos trabajadores tienen la opción de escoger cualquiera de los dos regímenes: el de 1973 o el de 1997. Pero, ¿cuál es el problema en México?
El Estado carga con el costo financiero de las pensiones del sistema anterior: el dinero que se contribuyó para esas pensiones no está en un fondo por lo que la manera en que se fondean esas pensiones es simplemente con recursos públicos que deberían estar destinados a las Secretarías de Estado. En un futuro, cubrir el pago de pensiones de los empleados que empezaron a cotizar antes de la reforma, con base en la Ley del IMSS de 1973, costará al gobierno federal 30% del PIB.
Además, el gobierno federal ha utilizado recursos de las AFORES, a través de los *SIEFORES y *certificados de deuda, en destinos inciertos (aprox. 50% del PIB) lo que aumenta su deuda y pone en crisis también al sistema AFORE.
Pero el hecho de que coexistan el sistema de reparto de 1973 y el de capitalización individual de 1997 no es el único problema. Al ser un pago vitalicio y al aumentar la esperanza de vida, la pensión puede resultar insuficiente para financiar dignamente los gastos de la vejez.
Con la nueva reforma de 1997 la *tasa de reemplazo salarial no es suficiente. De acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México está aproximadamente en un 30% que es una miseria y por debajo de los estándares internacionales; pero podría subir a 45% si el ahorro que hacemos en el Infonavit se suma al monto para la pensión (algo que además, es estrictamente justo, quedando por encima de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Corea y varios otros).
Si a todo lo anterior le sumamos la poca cultura de ahorro para el retiro en México, el comercio informal, la difícil situación laboral, los salarios mínimos tan bajos que prevalecen y los casi nulos incentivos para el ahorro en el país (tanto por instituciones financieras como por los mismos AFOREs con los bajos rendimientos que ofrecen), la crisis se agudiza.
Se estima que en 2021 se empezará a jubilar la primera generación Afore, hablamos de mexicanos de más de 65 años cuya pensión será equivalente a sólo 30% de su último sueldo.
¿Qué será de los jóvenes actuales al momento de su jubilación si no se les inculca una cultura de ahorro voluntario para su retiro? Aún estamos a tiempo de evitar una “crisis griega”.
Sin embargo, el siglo XXI será recordado como el siglo del tsunami gris o el siglo del envejecimiento poblacional, ya que la población a nivel mundial experimentará un proceso inédito de envejecimiento como resultado del exitoso desarrollo socioeconómico y tecnológico a nivel mundial que ha aumentado la esperanza de vida en las personas y que sumado a otro fenómeno mundial, la disminución en la Tasa Global de Fecundidad (TGF), supone una transición demográfica en donde las nuevas generaciones serán menos numerosas con respecto a las generaciones previas, al disminuir el número de hijos por pareja por situaciones laborales, educativas, culturales y económicas.
Pero, ¿cuál es el impacto negativo que estos dos fenómenos ya están generando? Una consecuencia común: grandes retos para las políticas públicas, debido a la existencia de una menor proporción de gente en edad de trabajar en comparación con el número de jubilados. La financiación de las jubilaciones, que cada vez serán más, y el gasto sanitario se convierten en un reto cada día mayor por tratarse de gastos financiados, en la mayoría de los países, por impuestos sobre el seguro social a las personas económicamente activas, que cada vez serán menos. Es decir, una crisis del sistema pensionario.
El sistema de pensiones mexicano tuvo un parteaguas con una reforma en 1997. Anteriormente, el sistema pensionario estaba bajo la ley de 1973 basado en un sistema de reparto del Estado benefactor (ya que este recopilaba, administraba y gestionaba las pensiones de los trabajadores recopiladas en un fondo común y entregando un beneficio definido). Se basaba en un “acuerdo intergeneracional” mediante el cual las pensiones de los jubilados se pagaban con las contribuciones de los trabajadores activos. Es decir, implicaba una transferencia de recursos entre generaciones donde el financiamiento de las pensiones dependía de la proporción que existía entre personas jubiladas y activas.
Este sistema propio de la posguerra, puso al borde de la crisis financiera al Seguro Social no sólo a México, sino al mundo, pues cada vez tendríamos más personas en la vejez y menos en edad productiva, por lo tanto habría más egresos (pensiones) que ingresos (aportaciones).
Es por esto que en el caso particular de México se creó un sistema más acorde a la realidad: entró en vigor la reforma de 1997 dando paso a la llamada generación AFORE (Administradora de Fondos para el Retiro), en donde el individuo ya se hacía responsable de su ahorro para el retiro a través de cuentas individualizadas (con contribuciones definidas) gestionadas por una institución (AFOREs).
Ahora bien, a pesar de la reforma la problemática ya está desencadenada: el sistema de 1973 sigue vigente, ya que cuando entró en vigor la nueva ley aún no se habían pensionado todos los trabajadores de este régimen; por lo tanto, estos trabajadores tienen la opción de escoger cualquiera de los dos regímenes: el de 1973 o el de 1997. Pero, ¿cuál es el problema en México?
El Estado carga con el costo financiero de las pensiones del sistema anterior: el dinero que se contribuyó para esas pensiones no está en un fondo por lo que la manera en que se fondean esas pensiones es simplemente con recursos públicos que deberían estar destinados a las Secretarías de Estado. En un futuro, cubrir el pago de pensiones de los empleados que empezaron a cotizar antes de la reforma, con base en la Ley del IMSS de 1973, costará al gobierno federal 30% del PIB.
Además, el gobierno federal ha utilizado recursos de las AFORES, a través de los *SIEFORES y *certificados de deuda, en destinos inciertos (aprox. 50% del PIB) lo que aumenta su deuda y pone en crisis también al sistema AFORE.
Pero el hecho de que coexistan el sistema de reparto de 1973 y el de capitalización individual de 1997 no es el único problema. Al ser un pago vitalicio y al aumentar la esperanza de vida, la pensión puede resultar insuficiente para financiar dignamente los gastos de la vejez.
Con la nueva reforma de 1997 la *tasa de reemplazo salarial no es suficiente. De acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México está aproximadamente en un 30% que es una miseria y por debajo de los estándares internacionales; pero podría subir a 45% si el ahorro que hacemos en el Infonavit se suma al monto para la pensión (algo que además, es estrictamente justo, quedando por encima de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Corea y varios otros).
Si a todo lo anterior le sumamos la poca cultura de ahorro para el retiro en México, el comercio informal, la difícil situación laboral, los salarios mínimos tan bajos que prevalecen y los casi nulos incentivos para el ahorro en el país (tanto por instituciones financieras como por los mismos AFOREs con los bajos rendimientos que ofrecen), la crisis se agudiza.
Se estima que en 2021 se empezará a jubilar la primera generación Afore, hablamos de mexicanos de más de 65 años cuya pensión será equivalente a sólo 30% de su último sueldo.
¿Qué será de los jóvenes actuales al momento de su jubilación si no se les inculca una cultura de ahorro voluntario para su retiro? Aún estamos a tiempo de evitar una “crisis griega”.
Ahorro
para el retiro en México
·
7 de cada 10 mexicanos no tiene planes para el retiro y para los otros 3
puede que no sea suficiente (el 6.5% del salario que aportan las personas a su
Afore es insuficiente).
·
En 2050 habrá un número mayor de adultos mayores que de jóvenes y más
del 40% de los mexicanos no tienen ningún ahorro para el retiro.
El sector público y privado en coordinación con los medios de comunicación, entre otros, son los actores que deben poner soluciones principalmente en el sector salud y en el sistema de pensiones para evitar su colapso. Éstas son algunas de las acciones guía que proponemos deben llevarse a cabo:
·
Separación jurídica y financiera entre las
coberturas de salud y protección al ingreso a través de la creación, por
reforma constitucional, del Sistema Nacional de Seguridad Social (SINASES)
integrado por dos entidades, con personalidad jurídica y patrimonio propios,
encargadas de gestionar y fondear los servicios públicos de salud y las
prestaciones económicas del sistema:
- El Instituto Mexicano de Servicios de Salud (IMSS)
- El Instituto Mexicano de Protección al Ingreso (IMPI)
- El Instituto Mexicano de Servicios de Salud (IMSS)
- El Instituto Mexicano de Protección al Ingreso (IMPI)
·
Evaluar constantemente la conveniencia de las edades de retiro frente al
aumento en la esperanza de vida
·
Incentivar el ahorro voluntario desde temprana edad, que sin un
incentivo para las empresas, es complicado impulsarlo
·
Elevar la aportación obligatoria para el retiro, que hoy es de 6.5%
Los retos que plantea la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico):
·
Diseñar políticas/acciones para elevar la cobertura de servicios de
salud
·
Ajustar equitativamente las pensiones que reciben los trabajadores que
sirven al sector privado con los del sector público (estás son mucho más
elevadas)
·
Eliminar los sistemas de beneficio definido y se migre 100% a un sistema
de cuentas individuales, donde cada trabajador sea responsable de su ahorro
para el retiro
Los documentos
usados en la preparación de este artículo incluyen los siguientes:
·
AFORE; ¿Cuál será mi pensión?, (en línea) http://www.afore.com.mx/cual_sera_mi_pension.php,
consultado el 21 de enero de 2016.
·
FORBES; El tsunami demográfico que se avecina, (en línea), http://www.forbes.com.mx/el-tsunami-demografico-que-se-avecina/ consultado
el 20 de octubre de 2015.
·
FORBES; 7 de cada 10 mexicanos sin planes para el futuro,
(en línea), http://www.forbes.com.mx/7-de-cada-10-mexicanos-sin-planes-para-el-retiro/,
consultado el 20 de octubre de 2015.
·
IMSS; S/T, (en línea), http://www.pensionesimss.com.mx/, consultado
el 21 de enero de 2016.
·
RETIRUM; ¿Por qué es conveniente tramitar mi pensión IMSS o
jubilarme a los 60 años?, (en línea),http://www.retirum.com.mx/jubilarme-a-mis-60.php,
consultado el 01 de enero de 2016.
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